El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el pasado 20 de marzo la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, después de votar las enmiendas introducidas por el Senado. Sin embargo, el texto se ha convertido en una verdadera ley ómnibus o ley escoba, ya que en sus disposiciones adicionales se han recogido otros asuntos ajenos al mismo y que finalmente han restado relevancia al contenido de la propia ley.

 

Esos otros asuntos van desde la exclusión del lobo del listado de especies de protección especial (con lo que vuelve a ser especie cinegética al norte del Duero), hasta la aprobación de la doble tarifa eléctrica para el regadío pasando por la introducción de contratos temporales en el sector agrario o el sistema para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias.

 

Además, la tramitación parlamentaria de la disposición llegó a su fin tras un verdadero pulso entre la Mesa del Congreso y el Senado. La Mesa del Congreso sacó del texto de la Ley que venía del Senado varias enmiendas vetadas por el Gobierno debido a que suponían un incremento presupuestario, lo que generó un choque entre grupos parlamentarios de las dos cámaras de las Cortes y fuertes críticas de los grupos de oposición al Gobierno.

 

En resumen, esas "otras" medidas de la Ley de Desperdicio son las siguientes:

 

- Contratos temporales. Las empresas podrán formalizar contratos temporales por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada, como las campañas agrícolas. En el caso del sector agrario y agroalimentario, las empresas podrán recurrir a este contrato un máximo de 120 días al año, que no podrán utilizarse de forma continuada.

 

- Tarifas eléctricas. Los titulares de explotaciones agrarias, ya sean autónomos, empresas, cooperativas o comunidades de regantes, podrán disponer de dos potencias eléctricas diferentes durante un periodo de 12 meses en función de la necesidad de suministro para su actividad. Solo tendrán que comunicar el cambio por medios telemáticos o telefónicos a su suministrador. ASAJA ha destacado que esta flexibilidad permitirá ajustar los costes energéticos a las necesidades reales de cada explotación.

 

- Ayudas al viñedo y el olivar. El Gobierno establecerá, en un plazo máximo de dos meses, una ayuda excepcional a las explotaciones de olivar y viñedo con el fin de compensar la disminución de ingresos de los productores por la sequía y por el impacto de la guerra en Ucrania. Los beneficiarios de la ayuda serán los titulares de explotaciones calificadas como prioritarias y como los agricultores a título principal, con superficies de olivar y viñedo en secano o en regadío deficitario debido a la situación climática. Se destinará una partida de 85 millones de euros a las superficies de viñedo de secano y de 285 millones a las de olivar de secano. La ayuda se instrumentará mediante un procedimiento de concesión directa.

 

- Representatividad agraria. Se establece un nuevo procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias. El mecanismo contemplado tiene en cuenta los resultados de las elecciones autonómicas donde se celebren y la implantación de las organizaciones allí donde no haya elecciones.