Las pequeñas explotaciones agrarias quedarán exentas de buena parte de las obligaciones establecidas en el proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, de acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Agricultura del Congreso.

 

Ese texto establece que todos los agentes de la cadena, incluidos los agricultores y ganaderos, deben contar con un plan para gestionar el desperdicio de acuerdo con una jerarquía de destinos (en primer lugar, donaciones, después transformación, alimentación animal, subproductos y residuos). Sin embargo, la Comisión de Agricultura ha aprobado una enmienda que exime de esas obligaciones a las pequeñas empresas y a las microempresas, es decir, a las que ocupan a menos de 50 empleados y tienen un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros, lo que dejaría fuera de esas obligaciones a buena parte de las explotaciones agrarias españolas.

 

Ahora este texto debe continuar su tramitación parlamentaria. Primero tiene que votarse en el pleno del Congreso y, en caso de que el texto resultante alcance la mayoría simple necesaria, se enviará al Senado.

 

Por otro lado, en su paso por la Comisión de Agricultura se han incorporado otras enmiendas en la disposición, una de ellas en el ámbito laboral. En concreto, s el proyecto recoge que las campañas agrícolas tendrán la consideración de situación ocasional, previsible y de duración reducida y se podrán hacer contratos temporales como máximo de 90 días en el año natural.

 

Por último, se ha incluido un nuevo sistema de determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias. La Unión ha señalado que se trata de un mecanismo abierto, que tiene en cuenta en primer lugar los resultados de las elecciones autonómicas vigentes donde se celebran y la implantación de las organizaciones allí donde no hay elecciones todavía.