A lo largo de 2023, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) impuso 382 sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, según su último informe de actividad. Esa cifra supone un aumento del 40,4% respecto al año anterior. Casi la mitad de esas sanciones (el 48%) se debió al incumplimiento de los plazos de pago, sobre todo por parte de empresas mayoristas y de la industria. Por sectores, el 40% de las sanciones se dieron en el de frutas y hortalizas y el 25% en el vitivinícola.

De acuerdo con el informe, la AICA llevó a cabo en 2023 un total de 558 inspecciones de oficio, principalmente en los sectores de frutas y hortalizas, cárnico y lácteo. Por otro lado, el organismo recibió 77 denuncias y comunicaciones por posibles incumplimientos de la Ley, de las que se investigaron 32 que cumplían los requisitos para ello.

En total, desde que empezó a funcionar en 2014, la AICA ha realizado más de 7.200 inspecciones de oficio y ha investigado más de 200 denuncias. Las investigaciones abiertas han dado lugar a la imposición de 3.708 sanciones por un montante de 15,78 millones de euros. La mayor parte de las sanciones han recaído en la distribución comercial minorista (8,8 millones de euros), seguida de la industria alimentaria (3,91 millones) y los mayoristas (2,97 millones). Las sanciones al sector productor suman 90.122 euros desde 2014.

Además de la AICA, las comunidades autónomas también realizan una labor de inspección en el ámbito de la cadena alimentaria. El año pasado las comunidades impusieron 167 sanciones, un 33,6% más que en 2022, principalmente a la industria alimentaria. Además, las comunidades investigaron 18 denuncias y llevaron a cabo 725 inspecciones de oficio.