Las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag y el Ministerio de Agricultura negociarán un acuerdo en base a la propuesta de Atocha, que incluye medio centenar de medidas en materia de fiscalidad, flexibilidad y simplificación de la Política Agrícola Común, medio ambiente, Ley de la Cadena, sanidad animal, ganadería extensiva, financiación, seguros agrarios, comercio exterior e incorporación de los jóvenes, como respuesta a las demandas planteadas en los últimos meses por el sector en sus movilizaciones.

En medios agrarios echan en falta soluciones al problema del lobo, especialmente en la mitad norte de la península, así como respuestas sobre la doble tarifa eléctrica para el término de potencia en los riegos.

En relación con la política medioambiental en el contexto de la PAC, Agricultura propone una serie de medidas de simplificación y flexibilidad en la aplicación de las denominadas Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM), referidas a tareas de labranza, riesgos de erosión de los suelos, tanto en rastrojos como en leñosos, rotación de tierras de cultivo, porcentajes mínimos de superficies de elementos no productivos, eliminación de controles y penalizaciones en materia de condicionalidad reforzada a explotaciones con menos de diez hectáreas. Esta política de mayor flexibilidad se aplicará igualmente sobre los ecorregímenes y en los espacios de biodiversidad.

En relación con la ganadería, se aplaza un año la obligatoriedad de la identificación electrónica de los bovinos, se prorroga un año la aplicación del Plan Sanitario Integral y se flexibiliza la ordenación del sector del bovino.

Para la agricultura, se retrasa un año la obligatoriedad de disponer de un plan sobre nutrición de suelos. Tras un debate con las Comunidades Autónomas, se plantea evitar una doble inspección sobre las explotaciones.

De cara al comercio exterior, el gobierno se compromete a luchar para aplicar en el marco comunitario la denominada cláusula espejo en las importaciones.

Se plantea un reforzamiento de la Ley de la Cadena a través de la Agencia para la Información y el Control de la misma (Aica), hoy ya elevada de rango a Estatal.

En el seguro agrario, se apoya un mayor desarrollo, garantizando los fondos para 2024, con el compromiso de analizar fenómenos como la siniestralidad extraordinaria, dando un trato preferente a los agricultores profesionales, a las explotaciones prioritarias y a los jóvenes, con subvenciones hasta el 45% y el 50%.

En la política de fiscalidad se mantiene la misma en los impuestos especiales del gasóleo agrícola, en la reducción del 35% en la factura de carburantes y combustibles y del 15% en los fertilizantes; en el método de Estimación Objetiva del IRPF, en el rendimiento neto para el año 2023, la reducción general pasará del 5% al 15%. Para todas las ayudas ligadas a los ecorregímenes en el actual periodo de vigencia de la PAC, se mantiene una reducción de la base imponible de 1.100 euros.

En la política de créditos, Agricultura apoyará al sector con otros 50 millones para garantizar operaciones de crédito de entre 100.000 y 200.000 euros hasta un importe de 500 millones, con especial dedicación a los jóvenes en negociaciones con los gobiernos regionales. En el caso del relevo generacional, Agricultura aportará otros 20 millones para subvenciones a los tipos de interés y otros siete para avales con el objetivo de facilitar créditos por un importe de otros 200 millones.

En la política de ayudas directas para el sector agrario que puede percibir una explotación, “ayudas de minimis”, las mismas pasarían de 20.000 a 25.000 euros.

Finalmente, en materia de sanidad animal, Agricultura se compromete a mayores apoyos en planes como los destinados a combatir la tuberculosis, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica o la apuesta de un foro para mejorar la cabaña extensiva.

Junto con las Comunidades Autónomas, Agricultura se compromete a un debate sobre el relevo generacional y para la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria.