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El Ministerio de Agricultura ha publicado un proyecto de real decreto que permitirá a los agricultores afectados por la dana de finales de octubre reparar sus parcelas por sus propios medios y recibir la financiación correspondiente para ello. El texto apunta que se trata de una demanda manifestada por muchos de los afectados y trasladada repetidamente por sus organizaciones.
El Ministerio justifica la medida por la necesidad de reparación y adecuación urgente de las parcelas y del restablecimiento del riego con el fin de recuperar cuanto antes el potencial productivo y evitar la pérdida no solo de las cosechas sino también de las propias plantas. El texto admite que la dimensión de los efectos ocasionados por la dana requiere de un amplio abanico de trabajos en una zona muy amplia y con un componente de mano de obra importante que precisará de una gran cantidad de tiempo hasta poder completarse. De ahí que se ofrezca a los afectados la posibilidad, voluntaria, de gestionar las reparaciones en sus parcelas, o bien esperar al momento en que TRAGSA pueda llevar a cabo esas reparaciones.
El proyecto establece un plazo de un mes (desde que entre en vigor la disposición) para “poner en conocimiento de TRAGSA quiénes son los interesados en que actúe en sus parcelas dañadas por la dana, ello sin perjuicio de que el Ministerio de Agricultura establezca un sistema de ayudas alternativo a su intervención directa a través de TRAGSA”.
Por otro lado, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado un tercer listado con 616 agricultores y ganaderos afectados por la dana a los que se les ha acreditado el derecho a percibir la ayuda extraordinaria habilitada por el Gobierno. Se trata de titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas con un daño superior al 40% en su producción peritado por Agroseguro y que cuentan con ingresos agrarios declarados en el ejercicio 2023. Percibirán hasta un máximo de 25.000 euros de ayuda directa, con un mínimo de 5.000 euros.
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Actualidad
Los afectados por la dana podrán reparar sus daños por sus propios medios
Y recibirán la financiación para ello
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Agropopular
04/03/2025
El Ministerio de Agricultura ha publicado un proyecto de real decreto que permitirá a los agricultores afectados por la dana de finales de octubre reparar sus parcelas por sus propios medios y recibir la financiación correspondiente para ello. El texto apunta que se trata de una demanda manifestada por muchos de los afectados y trasladada repetidamente por sus organizaciones.
El Ministerio justifica la medida por la necesidad de reparación y adecuación urgente de las parcelas y del restablecimiento del riego con el fin de recuperar cuanto antes el potencial productivo y evitar la pérdida no solo de las cosechas sino también de las propias plantas. El texto admite que la dimensión de los efectos ocasionados por la dana requiere de un amplio abanico de trabajos en una zona muy amplia y con un componente de mano de obra importante que precisará de una gran cantidad de tiempo hasta poder completarse. De ahí que se ofrezca a los afectados la posibilidad, voluntaria, de gestionar las reparaciones en sus parcelas, o bien esperar al momento en que TRAGSA pueda llevar a cabo esas reparaciones.
El proyecto establece un plazo de un mes (desde que entre en vigor la disposición) para “poner en conocimiento de TRAGSA quiénes son los interesados en que actúe en sus parcelas dañadas por la dana, ello sin perjuicio de que el Ministerio de Agricultura establezca un sistema de ayudas alternativo a su intervención directa a través de TRAGSA”.
Por otro lado, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado un tercer listado con 616 agricultores y ganaderos afectados por la dana a los que se les ha acreditado el derecho a percibir la ayuda extraordinaria habilitada por el Gobierno. Se trata de titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas con un daño superior al 40% en su producción peritado por Agroseguro y que cuentan con ingresos agrarios declarados en el ejercicio 2023. Percibirán hasta un máximo de 25.000 euros de ayuda directa, con un mínimo de 5.000 euros.
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