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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue investigando posibles prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos de reparto de mercado entre concesionarios de maquinaria agrícola.
Del 18 al 20 de junio llevó a cabo nuevas inspecciones en las sedes de varias empresas que operan en este mercado, tras las realizadas a finales de septiembre del año pasado.
El organismo ha precisado que estas inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.
Si encontrase indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, procedería a abrir un expediente sancionador y las multas podrían llegar hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia de ASAJA de Castilla y León en mayo de 2021. Según la organización, los concesionarios de maquinaria agrícola habrían acordado un reparto de zonas que impide la libertad de elección y compra del agricultor.
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Actualidad
Continúa la investigación sobre el reparto del mercado de maquinaria
Abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue investigando posibles prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos de reparto de mercado entre concesionarios de maquinaria agrícola.
Del 18 al 20 de junio llevó a cabo nuevas inspecciones en las sedes de varias empresas que operan en este mercado, tras las realizadas a finales de septiembre del año pasado.
El organismo ha precisado que estas inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.
Si encontrase indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, procedería a abrir un expediente sancionador y las multas podrían llegar hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia de ASAJA de Castilla y León en mayo de 2021. Según la organización, los concesionarios de maquinaria agrícola habrían acordado un reparto de zonas que impide la libertad de elección y compra del agricultor.
