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El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que inicia ahora su tramitación parlamentaria. La norma busca fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la recuperación, la reutilización de subproductos y la donación. Para lograrlo, la ley obligará a todos los agentes de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio.
Las empresas tendrán que realizar un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identificar áreas donde se producen pérdidas de alimentos y adoptar medidas para minimizarlas y asignar usos alternativos, siguiendo una jerarquía de prioridades adaptada a las características de cada operador. En esa jerarquía, la prioridad será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos; en los siguientes escalones están la transformación de los alimentos (zumos, mermeladas) y, cuando no sean aptos para el consumo humano, el destino será la alimentación animal, la fabricación de piensos o la obtención de compost o biocombustibles.
El proyecto de ley establece asimismo medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como para los distintos eslabones de la cadena, con el fin de evitar el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos, o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos. Además, la norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso.
Por su parte, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario. Este plan, que se revisará cada cuatro años, definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito.
Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2022 cada hogar español desperdició de media unos 65,5 kilos de alimentos y bebidas.
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Actualidad
Proyecto para prevenir el desperdicio alimentario
Los operadores tendrán que hacer un autodiagnóstico
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El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que inicia ahora su tramitación parlamentaria. La norma busca fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la recuperación, la reutilización de subproductos y la donación. Para lograrlo, la ley obligará a todos los agentes de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio.
Las empresas tendrán que realizar un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identificar áreas donde se producen pérdidas de alimentos y adoptar medidas para minimizarlas y asignar usos alternativos, siguiendo una jerarquía de prioridades adaptada a las características de cada operador. En esa jerarquía, la prioridad será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos; en los siguientes escalones están la transformación de los alimentos (zumos, mermeladas) y, cuando no sean aptos para el consumo humano, el destino será la alimentación animal, la fabricación de piensos o la obtención de compost o biocombustibles.
El proyecto de ley establece asimismo medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como para los distintos eslabones de la cadena, con el fin de evitar el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos, o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos. Además, la norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso.
Por su parte, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario. Este plan, que se revisará cada cuatro años, definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito.
Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2022 cada hogar español desperdició de media unos 65,5 kilos de alimentos y bebidas.
