El Plan de Seguros Agrarios para el 2025 arrancó con un presupuesto estatal de 315 millones de euros que suponen un incremento de casi el 11% sobre las cifras del año anterior. A este volumen de fondos se deberán sumar las subvenciones que se planteen desde cada una de las comunidades autónomas donde existe una gran disparidad de apoyos, más  importantes tradicionalmente en  zonas con peso de las producciones de frutas y hortalizas y menos en aquellas donde dominan los cultivos extensivos en secano.

Al margen de los fondos, en el seguro agrario, en este momento, el eje del debate va más allá del volumen de los recursos y se centra en la viabilidad del sistema ante montante de las primas y la siniestralidad.

Los fondos aportados por Atocha suponen una cifra record que acompaña a otra siniestralidad record en el campo en cifras medias, al margen de fenómenos de siniestralidad extraordinarias. Las subvenciones mínimas a las primas para este Plan oscilan entre un 45% y un 50% de su coste en función de cada tipo de seguros y sus coberturas, pudiendo llegar las mismas a cubrir hasta el 70% del coste en el caso de  jóvenes, profesionales o  explotaciones prioritarias donde el Plan mantiene el  incremento de la subvenciones en ocho puntos.

Con datos cerrados del año anterior, el seguro agrario registró ingresos por primas  un montante de 930 millones de euros con 178.000 siniestros por 1.241 millones de euros; ambas son cifras record, con una producción asegurada de 16.748 millones  sobre una producción  agraria total  de más de 65.000 millones de euros, 35.000 en  la actividad agrícola  y casi 30.000 en la ganadera. En este contexto hay que considerar que la actividad aseguradora en la rama ganadera es muy baja, frente a la agrícola, especialmente en  los herbáceos, cereales  que supone el grueso del volumen de las contrataciones en valor. Entre las causas más importantes de esta  siniestralidad se hallan de nuevo la sequía en herbáceos, pedrisco en uva, granizo, heladas y fuertes tormentas. La superficie  tasada supone en todos los cultivos 3,5 millones de hectáreas lo que  significa el 58% de la superficie asegurada.

En lo que va de este ejercicio, los datos provisionales señalan la continuación de la alta siniestralidad en herbáceos, vino de vinificación, frutas y hortalizas y cítricos con unos daños en estos sectores de casi 500 millones.

Desde las organización es agrarias se entiende que las empresas aseguradoras aprovechan la alta siniestralidad como un argumento para  hacer ajustes al alza de las primas. Pero no se asume que, en paralelo recortan garantías y coberturas. Desde el sector se entiende que el seguro agrario no tiene sentido si  sus condiciones no animan a la suscripción de las pólizas. Desde las entidades aseguradoras se estima que tampoco tiene viabilidad el mismo si  los resultados entre ingresos por primas y siniestralidad, no son atractivos. En este escenario, desde ambas partes se coincide en la importancia de los efectos del cambio climático que ha traído consigo una siniestralidad extraordinaria que debería  ser absorbida no por el seguro, sino por un el conjunto de la economía. El cambio climático se considera debería contemplarse como un problema global y la soluciones deberían ser también globales. Más allá de la política del seguro nacional, se plantea el desarrollo de un fondo comunitario. A escala interior, el sector aboga por facilitar la universalización del seguro, lo que, además de aumentar los ingresos, contribuiría a diversificar más los riesgos y apoyar la viabilidad del sistema.