Con los datos de un incremento de la renta del 14,3% en la cartera, fundamentalmente por el aumento del valor de las producciones vegetales y un descenso en los gastos de consumos intermedios, el Ministro de Agricultura Luis Planas hizo su balance en base a un análisis sobre el cumplimiento de las medidas articuladas la primavera pasada a raíz de las movilizaciones agrarias y desarrolladas hasta la fecha para apoyar la actividad en el sector agrario. Estas medidas van desde las políticas de producciones, ajuste de costes, fiscalidad, comercio exterior o relevo generacional que se podrían considerar como el grueso del programa agrario del gobierno para esta legislatura. Tras un análisis con las organizaciones firmantes, Upa y Unión de Uniones, Luis Planas señalaba su cumplimiento en un 90%, balance lejos de las valoraciones del sector.

En este  paquete de medidas  ocupa un lugar destacado la referida a la Política Agrícola Común y muy especialmente en lo que afecta, no a los fondos en su cuantía global, que son casi inamovibles  al alza. Atocha valoró la flexibilización y simplificación de las mismas, así como  la aplicación de los eco regímenes como otro instrumento para  aumentar los  apoyos a una determinada  actividad medioambiental agraria. En relación con la PAC, un dato más en positivo fue la decisión de que el Cuaderno de Explotación fuera inicialmente voluntario para no aumentar más la burocracia de los agricultores y ganaderos.

El comercio exterior y la balanza comercial ha sido un  eje importante en la política de Atocha desde donde se destacan sus resultados en positivo, aunque cada  día  son  más numerosas las barreras de salida con las que se encuentran los productos  españoles. Trabas  nacionales en diferentes terceros países que se imponen sorteando las normas de la Organización Mundial de Comercio, en unos casos de tipo burocráticos, otros  de  calidad, retrasando permisos etc. para proteger sus producciones o defender las importaciones desde otros países por diferentes intereses desde  los estatales a los impuestos por grupos de presión de agricultores o industriales. En dirección contraria se suma, en negativo, que España tiene una autopista de entrada para los productos agroalimentarios desde terceros países, autopista a la que  ahora se le pueden sumar otros carriles en el marco de los compromisos adoptados entre la UE y Mercosur rebajando  los aranceles en  un espacio hacia un comercio libre.

La denominada Cláusula espejo por la que son exigibles a los productos de entrada la UE las mismas condiciones desde la producción a la comercialización a la que deben cumplir los productos comunitarios y muy especialmente en lo referido al uso de productos fito o zoosanitarios, al empleo de productos para el engorde de los animales, temas laborales, bienestar animal debería ser, pero no lo es, un filtro de entrada…. El sector pide que no se utilicen las importaciones agroalimentarias para las exportaciones a esos países de bienes industriales diversos.

Un tema en positivo, pero con flecos pendientes importantes, es el funcionamiento de la Ley de la Cadena por la que se debería lograr unos precios rentables en el campo y buenos para los consumidores. Fue un paso importante elevar  la Agencia para  el Control de la Cadena a entidad estatal. Pero, los títulos no dan más eficacia sin los medios de trabajo y en muchos casos también la no existencia de una decidida voluntad para actuar y controlar los tipos de prácticas que no respetan el proceso de la formación de los precios desde el propio campo, costes de producción, donde se impone la ley del más fuerte. La Cadena sigue siendo un reto cumplido solo a medias.

En el seguro agrario, uno de los ejes de la política agraria, para 2025 se han incrementado los fondos para el pago de las subvenciones a las primas de los 284 a los 315 millones de euros. Desde las entidades aseguradoras se alega tradicionalmente el fuerte incremento de la siniestralidad normal y la extraordinaria frente a unas primas para cuyo pago no crecen lo suficiente los apoyos públicos centrales y autonómicos. Desajuste  entre siniestros y primas. Desde el sector se abunda, por el contario, que  en el seguro agrario   crecen las primas y bajan las coberturas, lo que pone en  peligro el propio sistema si agricultores y ganaderos no ven en  mismo más ventajas. Las salidas se hallan en manos de  la Administración central y de las comunidades autónomas.

El campo no ha tenido  nunca una fiscalidad muy elevada en comparación con otras actividades al disponer de diferentes mecanismos para reducir  sus niveles de ingresos a esos efectos. Pero no es baja  si se tienen en cuenta las condiciones específicas de la actividad y en muchos casos los servicios. Se mantienen deducciones del 35% en la factura del gasóleo y del 15% en los fertilizantes en el sistema de Estimación Objetiva o de módulos.

La sanidad animal  ha constituido en los últimos tiempos un problema por la Enfermedad Hemorrágica y  la Lengua Azul, situación para la que se han articulado fondos de 15 y siete millones de euros. Agricultura decidió la no exigencia del veterinario de explotación.

Reto permanente en el campo es lograr un mayor relevo generacional para lo que están planteando medidas de apoyo para  la incorporación de jóvenes, a los profesionales y las explotaciones prioritarias, entre otras líneas, vía la entidad pública SAECA.

Un  ejemplo de esos niveles de envejecimiento de la población  del campo  se refleja  en parte  por las personas que reciben las ayudas directas de la PAC. Sobre un volumen  de 562.000 perceptores, casi un 40% tiene más de 65 años, un 52% entre 35 y los 65 años, menos del 8% enter25 y los 40 años y solo un 0,70% tiene menos de 25 años. En el volumen de los cobros, el 27% se queda en manos de los mayores de 65 años, el 58% entre los de entre 40 y los 65 años, un 13,35 para los de entre 20 a 40 años y el 1,45% para los de menos  25 años.

A  todas estas cuestiones económicas, se ha sumado en las últimas fechas la intención del gobierno de poner en  marcha un mecanismo para  definir la representatividad agraria  tras  un proceso autonómico para clarificar el peso de cada sigla nivel estatal. Viejo reto que parece tiene en contra  alguien en el propio sector. Para que una OPA fuera considerada como organización  representativa debería lograr esa situación en al menos siete comunidades autónomas con una cifra equivalente, al menos, al 10% de los afiliados nacionales al sistema de autónomos y las de por cuenta propia. Para determinar ese porcentaje se plantean  varias vías, votaciones, presencia en las instituciones… Quedan negociaciones y mucho que clarificar