Mientras la Unión Europea está ultimando su reglamentación sobre el uso profesional de los datos, un estudio realizado por encargo del Parlamento Europeo, que se ha presentado a su Comisión de Agricultura, insiste en la necesidad de unas normas claras en esta materia, especialmente en el sector agrario.

Las promesas de la inteligencia artificial para el sector son numerosas: reducción de la dureza del trabajo; mejor gestión de los cultivos, los suelos o el agua; optimización de los insumos… Sin embargo, los autores del estudio advierten también de que las grandes empresas que suministran los programas de inteligencia artificial para el análisis en la agricultura pueden tener un impacto en la forma en la que avanza la agricultura, con recomendaciones sesgadas a los agricultores para favorecer que compren a proveedores concretos.

Subrayan que, “como los algoritmos están en continuo desarrollo y solo un número limitado de grandes empresas puede soportar tal esfuerzo, eso puede conducir también a una pequeña base de toma de decisiones y a una toma de decisiones interesada”.

Además, los proveedores de tecnología son por lo general grandes desarrolladores de programas o fabricantes de equipos, lo que conduce a un desequilibrio de conocimientos entre agricultores y proveedores. Sin embargo, el estudio estima que las nuevas start-up (empresas emergentes) podrían adoptar una visión diferente y proponer nuevas aplicaciones que den consejos más independientes a los agricultores.

El informe concluye que sería “apropiado contar con objetivos reglamentarios específicos para el sector para gestionar el desequilibrio entre las distintas partes implicadas”.